03-01-2010 | Noticias de Gipuzkoa

A menos de un año para la celebración de las elecciones a la Generalitat, los tiempos de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut se miden también en cálculos electorales

A menos de un año para la celebración de las elecciones a la Generalitat, los tiempos de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut se miden también en cálculos electorales e incluso hay quien apunta a un adelanto de los comicios en el caso de que la resolución no llegue antes de febrero. El culebrón estatutario sigue añadiendo capítulos a una historia que, por el momento, nadie en Catalunya acierta a pronosticar un desenlace. Durante los meses de noviembre y diciembre han sido los medios de comunicación quienes han marcado la agenda del debate, a la espera de que el Tribunal Constitucional concluya una deliberación que se alarga ya desde hace tres años. Primero fueron las filtraciones llegadas desde Madrid a mediados del mes pasado, y que apuntaban a que el Alto Tribunal podría aplicar la tijera sobre algunos de los artículos del Estatut. Después, el editorial conjunto en apoyo del texto suscrito por los doce principales periódicos catalanes y publicado el 26 de noviembre. A menos de un año para la celebración de las elecciones a la Generalitat, los tiempos de la sentencia se miden también en cálculos electorales e incluso hay quien apunta a un adelanto de los comicios en el caso de que la resolución no llegue antes de febrero.

Rumores

¿Pacto por un adelanto electoral?

En esta línea se expresa el diputado de CIU Francesc Homs, uno de los hombres de confianza de Artur Mas, y que sospecha que la polémica por la composición del Constitucional podría ser aprovechada por PSOE y PP para pactar una renovación en el tribunal y un adelanto de las elecciones. De este modo, ambas formaciones tratarían de evitar que la sentencia condicione los resultados de los comicios. Según el convergente, los dos partidos estatales podrían acordar la sustitución de la ponente, Elisa Pérez Vera, y retrasar la sentencia hasta septiembre. Esto sería aprovechado por el presidente de la Generalitat, el socialista José Montilla, para adelantar las elecciones al mes de junio y que éstas no se vean afectadas por una resolución negativa.

Por el momento, nadie en el PSC, partido que ostenta el gobierno junto con ERC e ICV, se ha manifestado en este sentido. Y esta posibilidad es rechazada por sus socios del "tripartit". "No puede descartarse un adelanto electoral, aunque nosotros no tenemos ningún interés", asegura Joan Ridao, secretario general y portavoz en Madrid de Esquerra, quien considera que estas especulaciones han sido promovidas por CIU para "culpabilizar" al actual gobierno catalán de que el estatuto no salga adelante. No obstante, "los rumores de un adelanto de las elecciones son insistentes", según confirma el portavoz de Ciudadanos, Jordi Cañas.

La composición del tribunal y su legitimidad para rechazar un texto que fue refrendado por la ciudadanía catalana en 2006 es uno de los caballos de batalla para los partidos catalanes. Lo cierto es que el Constitucional debería de haberse renovado hace ya dos años, por lo que cuatro de sus miembros llevan más tiempo en el cargo de lo que les correspondería (María Emilia Casas, Guillermo Jiménez, Jorge Rodríguez Zapata y Vicente Conde). Además, no se ha sustituido a Roberto García-Calvo, fallecido en 2008, mientras que se mantiene la recusación contra Cárlos Pérez Tremps. De este modo, son muchas las voces que dudan que un Alto Tribunal "mutilado" tenga potestad para recortar una norma aprobada tanto por el parlamento catalán como por las cortes españolas y posteriormente avalado por la ciudadanía. "Éste es un órgano obscenamente politizado y que carece de legitimidad", denuncia Joan Ridao, quien acusa al PP de "chantajear" al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero al cerrarse en banda y no permitir nuevos aires en el tribunal. Francesc Homs comparte los recelos hacia los magistrados y reconoce la "poca confianza política" que le otorgan. Sólo quienes han mantenido una postura de rechazo frontal hacia el Estatut mantienen su defensa de un tribunal politizado y que se ha movido a impulsos partidistas. Por una parte, los populares, que fueron quienes interpusieron uno de los cinco recursos de inconstitucionalidad contra el texto y que afecta a la mitad de su articulado. Por otra, Ciudadanos, el grupo más minoritario del Parlament, y que considera que la posición crítica hacia los jueces supone "cuestionar los principios democráticos", en palabras de su portavoz, Jordi Cañas.

Partidos

La dificultad de la unidad en año electoral

A pesar de los llamamientos a la calma de las últimas semanas, lo cierto es que los partidos catalanes (salvo PP y Ciudadanos) preparan una defensa conjunta del Estatut frente a una sentencia que recorte su articulado. De todos modos, por el momento, los representantes políticos se limitan a conversar a puerta cerrada, según reconocen pesos pesados como Homs o Ridao. Hay intención de aparecer como un bloque unitario pero, por otro lado, tampoco se esconden los intereses electorales de cada una de las formaciones, especialmente en año electoral. El editorial conjunto de 12 periódicos publicado el 26 de noviembre podría abrir una vía al entendimiento, aunque esto no se ha llevado aún a la práctica, a pesar de que los portavoces parlamentarios de todas las formaciones con respresentación en el Parlament, salvo PP y Ciutadans, suscribieron un texto de apoyo a la iniciativa periodística el pasado 9 de diciembre. Entre las opciones que se barajan están desde una manifestación institucional hasta repetir el referéndum, de modo que la ciudadanía vuelva a posicionarse frente a la sentencia. José Montilla, en una posición incómoda, defendió la denominación de nación para Catalunya durante la celebración del 650 aniversario de la Generalitat, el pasado 23 de diciembre, pero poco ha adelantado sobre los pasos a dar en caso de que llegue la tijera. Únicamente, su intención de convocar un cónclave catalán para analizar la situación. Una reunión que, por ejemplo, a juicio de CiU ya debería de haberse celebrado. "Hemos insistido al president para que convoque a un encuentro entre las formaciones catalanas, pero él se ha negado", aseguraba Francesc Homs, quien reconoce las dificultades para llegar a un acuerdo en torno a cuestiones como el editorial conjunto, a pesar de que "todos los partidos lo apoyamos".

El texto conjunto entre los principales periódicos sacudió hace un mes la política catalana de tal manera que incluso el PP optó por un perfil bajo en su oposición al texto. Únicamente Ciudadanos ha sacado el hacha de guerra contra los medios que suscribieron el editorial, argumentando que éste "es el golpe definitivo a la libertad de prensa, ya que todas las cabeceras catalanas han actuado en sincronía con el nacionalismo". No obstante, se trata de un partido en declive, que logró tres escaños con un discurso muy beligerante contra la educación en catalán pero que ha ido desinflándose entre constantes enfrentamientos internos.

Entre las formaciones que suscribieron el Estatut, quien lo tiene más difícil para posicionarse en su defensa es el PSC del presidente José Montilla. Éste asegura que "defenderá" el texto íntegro, pero tendrá que enfrentarse a los llamamientos a acatar que le llegan desde Madrid. "Los socialistas quieren que el TC haga el "trabajo sucio"", denuncia Homs. Lo que se plantea desde las filas del PSC es poner en práctica una política de hechos consumados: desarrollar el Estatut sorteando las barreras que imponga el Constitucional. Una estrategia factible, ya que las filtraciones insisten en que las cuestiones identitarias, como la definición de Catalunya como nación, son las que más se le atragantan a los magistrados.

Futuro

Un tripartito "sin fisuras" pero con contradicciones

En estas circunstancias, lo que aún no se ha erosionado es la salud del tripartito, tal y como reivindica Ridao, quien asegura que "no existen fisuras" entre PSC, Esquerra e Iniciativa. Los republicanos, que se bajaron del carro estatutario y promulgaron el "no" cuando el texto fue recortado por las cortes españolas, se mantienen entre la "responsabilidad institucional" de hacer piña con el resto del Govern y su intención de dar un paso más. Para ello, miran a las tres oleadas de consultas soberanistas que comenzaron el pasado 13 de diciembre como "una respuesta de facto" de la ciudadanía.

Los rumores, que es lo único que ha funcionado durante estos tres años de deliberación eterna, dicen que los magistrados podrían ensayar una nueva sentencia antes de enero. Sería la última opción antes de las elecciones. Aunque últimamente se ha añadido un nuevo tope: Semana Santa. Quedará por ver quién rentabiliza el veto a un texto que, en la práctica, ya se está desarrollando. Y, sea cual sea el resultado de la deliberación, que a estas alturas todo el mundo sitúa con pie y medio en el ámbito político, se mantendrá el debate sobre cómo encajar dentro de la normativa estatal la voluntad de más autogobierno expresada por los catalanes en las urnas.

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