17-09-2009 | La Vanguardia

En Cataluña está pasando algo que ahora empieza a percibirse, ya incubado hace tiempo: a través de los medios se trata impunemente, con menosprecio y deslealtad, a la ley y a los poderes públicos.

 

El lunes pasado, el president de la Generalitat José Montilla pronunció en Madrid una frase memorable: “Mientras yo sea presidente, en Cataluña se cumplirá la ley”. ¿Por qué digo que esta frase es memorable cuando se trata de una obviedad que en cualquier Estado de Derecho no hace falta ni siquiera proclamar porque se da siempre por supuesta? Pues precisamente por eso: algo que no debería ser noticia aquí lo es y va en titulares. 

 En Cataluña está pasando algo que ahora empieza a percibirse claramente pero que lleva incubándose desde hace ya tiempo: a través de los medios de comunicación se trata impunemente, con menosprecio y deslealtad, a la ley y a los poderes públicos. Una buena parte de los políticos y de los periodistas y colaboradores de los medios consideran a las leyes y a los poderes públicos con una doble vara de medir: las leyes catalanas son las legítimas y las españolas, aunque hay que acatarlas por obligación jurídica, son leyes impuestas. Por tanto, la lealtad plena – ética y jurídica – se predica sólo de las primeras, mientras que las segundas obligan jurídicamente pero no moralmente. Proclamar su incumplimiento es visto incluso como un gesto patriótico de lealtad “al país”, esta brumosa forma de denominar a Cataluña en contraposición a España.

Si hacemos balance de lo que ha sucedido este verano con la ya famosa “respuesta institucional” a una hipotética sentencia del TC que considere, vía declaración de nulidad o vía interpretativa, que ciertos preceptos del Estatut  son contrarios a la Constitución, queda ello perfectamente claro. Se ha declarado públicamente que había que presionar al TC, que el referéndum en Cataluña debe prevalecer sobre la sentencia, que Zapatero sería el responsable de dicha sentencia – como si manejara el Tribunal a su antojo -, que la sentencia debía incumplirse, que había que hacer un referéndum en Cataluña para derogarla o que Montilla debía encargarse de que el TC emitiera una resolución favorable. Todas estas ilegalidades, algunas incluso constitutivas de delito, las han propuesto, con el mayor descaro, políticos catalanes de primera fila: consellers  del Govern,  líderes de partidos políticos y ex -presidentes de la Generalitat.

Si se aceptan las reglas de un Estado de Derecho, ¿es normal dar una respuesta no jurídica sino política – desde las instituciones o en la calle - a las resoluciones de un órgano jurisdiccional, nada menos que al órgano garante de la Constitución? Para una mentalidad democrática resulta inconcebible. Ni los partidos que en Cataluña consideran que el Estatut contiene preceptos no adecuados a la Constitución, ni el mismo gobierno de Zapatero o el propio PSOE, que lo votó favorablemente, se les ha pasado por la cabeza dar una respuesta política a dicha resolución judicial, sea la que sea. Las sentencias se acatan y después, en su caso, mediante argumentos jurídicos – los únicos que puede utilizar un tribunal al pronunciarse –, se critican. Pero nunca los poderes públicos deben dar una respuesta institucional de carácter político.

¿Qué hubiera sucedido, supongamos, si durante este verano los partidos críticos con el Estatut hubieran comenzado a proponer respuestas parecidas, aunque de signo contrario, para presionar al TC? Sin duda hubieran sido tachados de anticatalanes y hasta de fascistas. Pero aquí está la diferencia: unos tienen la dignidad de respetar las reglas de derecho aunque ciertas resoluciones judiciales les sean adversas, mientras otros se lo permiten impunemente todo, es más, lo consideran natural y lógico. Algo pasa ahí, una cierta patología social, política o cultural, permite a algunos justificar esta falta de lealtad a la ley y a las instituciones de la democracia. 

Lo más sorprendente, en este caso, es la seguridad de los nacionalistas catalanes respecto al contenido de una sentencia que todavía no se ha emitido. Por un lado afirman – como no podía ser menos - que el Estatut no contiene ninguna norma inconstitucional y, por otro, están convencidos de que el TC encontrará importantes motivos de inconstitucionalidad. ¿Cómo se entiende eso? ¿De dónde nace esta desconfianza? En el fondo, del victimismo. En efecto, la pregunta que no pueden dejar de formularse es la siguiente: ¿Cómo puede el TC, un órgano “español”, guardián de la Constitución “española”, respetar un Estatuto propuesto y ratificado por el pueblo de Cataluña?  No les cabe en la cabeza. “¡Seguro que se lo cargan!”, piensan para satisfacer su íntima ansia de “ser víctimas de España”. Ni nada ni nadie puede desviarles de la idea según la cual todo aquello que provenga de las instituciones que ellos llaman “españolas” – connotándolas así como ajenas  y hasta enemigas-  debe serles, por definición, desfavorable.

Si comprendieran que la Constitución la aprobamos entre todos los españoles, incluidos los catalanes, que las Cortes Generales que aprueban leyes - entre ellas el Estatut - y eligen directa o indirectamente  a los magistrados del TC, están compuestas de diputados y senadores representantes de todos, también de los catalanes, quizás llegarían a la conclusión de que la obligación democrática – jurídica y ética – es, antes que nada, cumplir con la ley y obedecer a las instituciones, aunque se discrepe de ellas. Está bien lo que ha dicho Montilla en Madrid: a ver si lo asumen los miembros de su gobierno. En la deslealtad a la ley siempre está la semilla de la discordia.

Francesc de Carreras Serra, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).