15-09-2013 | Crónica Global

El Hospital de San Pablo ha contado siempre con el apoyo de los ciudadanos de Cataluña y, todavía hoy, recibe herencias, donaciones y legados

 Sin la generosa aportación del banquero Pau Gil, el bello conjunto modernista y pabellonar que todos conocemos coloquialmente como el Hospital de San Pablo, nunca hubiera sido posible. El antiguo hospital, el de la Santa Cruz, fue fundado en 1401 por la fusión de seis antiguos hospitales; era una institución de beneficencia privada, administrada fundamentalmente por la Iglesia y financiada exclusivamente por donaciones, herencias y aportaciones de la sociedad civil.

 

A finales del siglo XIX, los avances científicos, la creciente demanda asistencial y la imposibilidad de ampliación en su ubicación original hacían imprescindible su traslado o, en su defecto, lo abocaban a la desaparición. La construcción del nuevo hospital modernista a principios del siglo XX pudo ser financiada gracias al legado donado por Pau Gil y que, según su voluntad testamentaria, había de ser destinado a la construcción de un hospital civil. También por voluntad del mecenas, se añadió su nombre al del hospital, el cual a partir de entonces pasó a llamarse oficialmente Hospital de la Santa Cruz y San Pablo.

 

Durante buena parte del siglo XX, el hospital fue administrado por la Iglesia y por el Ayuntamiento de Barcelona, a través de sus representantes en la Muy Ilustre Administración (MIA) que era y sigue siendo el máximo órgano de gobierno de la institución. Como es fácilmente comprensible en cualquier institución benéfica sin ánimo de lucro, las dificultades económicas han sido norma habitual. El Hospital de San Pablo ha contado siempre con el apoyo de los ciudadanos de Cataluña y, todavía hoy, recibe herencias, donaciones y legados. Nadie puede dudar que esas generosas aportaciones se realizan atendiendo al carácter asistencial de la institución a pesar de que, de forma incomprensible y con el beneplácito de la Administración, pasan a formar parte de una cartera inmobiliaria y de inversiones, cuya gestión patrimonial es, como mínimo, opaca.

 

En los últimos meses, el hospital ha sido noticia en todos los medios de comunicación y, desgraciadamente, no por su nivel científico ni asistencial que es incuestionable; bien lo saben los ciudadanos de Cataluña que le han dado la mayor puntuación en las encuestas de satisfacción. Pero una cosa es la asistencia, que la realizan los profesionales sanitarios y, otra bien distinta, es la gestión y la administración en la que los profesionales no solamente no participan, sino que no son tenidos en cuenta para nada, igual que ocurre en todo el sector sanitario catalán.

 

Los representantes de los trabajadores y algunos profesionales del centro, denunciaron situaciones contractuales aparentemente fraudulentas, pagos supuestamente indebidos a personas vinculadas a determinados partidos políticos, presuntos desvíos económicos y malversación de caudales públicos, adjudicación de contratos sin licitación, posible tráfico de influencias e irregularidades en la ejecución de las obras del nuevo hospital.

 

Esas denuncias llegaron a los tribunales después de que su veracidad fuera temerariamente negada por los responsables del centro e ignorada por los responsables políticos. Luego llegó la instrucción penal, las imputaciones, la actuación de la Guardia Civil, la investigación de la Agencia Tributaria, la comisión de investigación parlamentaria, las noticias y comentarios en los medios de comunicación.

 

Entonces, haciendo gala del cinismo habitual, acusaron a los denunciantes de querer perjudicar al hospital: "Todo esto hace mucho daño a la institución". Es decir: retribuir generosamente a ex altos cargos sin trabajo concreto conocido, adjudicar digitalmente contratos de obras financiadas con dinero público, permitir desvíos presupuestarios sin justificación... Todo eso al parecer no es lo que "hace daño al hospital"; lo que "hace daño al hospital" es que se haga público, que se pretenda ponerle fin y que, además, pretendan exigirse responsabilidades.

 

Pero, ¿es que el Hospital de San Pablo es distinto a otros hospitales? Si todas esas corruptelas han persistido durante años ¿cómo puede ser que no se conocieran? ¿Tiene razón el consejero de Salud, Boi Ruiz, cuando dice que todo se reduce a un "problema laboral" y que los trabajadores del San Pablo son insolidarios? Lo que ha pasado en el San Pablo, ¿es consecuencia del famoso "modelo catalán"? La situación del San Pablo es, en cierto modo, el paradigma del "modelo catalán" y, también en cierto modo, la demostración más palmaria de sus deficiencias y de sus consecuencias. El hecho de que éste no sea un caso aislado es la mejor prueba de tal afirmación.

 

La primera pregunta es fácil de responder: el Hospital de San Pablo es distinto al resto de hospitales de Cataluña. No se trata de una valoración cualitativa: no es mejor, ni peor; sencillamente: es distinto. Es distinto por su historia, por su dotación patrimonial, por su personalidad jurídica, por sus órganos de administración, por su compleja organización institucional, por sus dependencias institucionales.

 

No hay ningún otro hospital, ni en Cataluña ni en todo el Estado español, con similar estructura ni con un patrimonio equiparable. Desde el año 1401 y hasta el año 1990, el hospital se ha regido por su carta fundacional original que, según establece la bula papal por la que se fundó, es inmodificable; el máximo órgano de gobierno es la MIA (Muy Ilustre Administración) constituida por dos representantes del Cabildo Catedralicio de Barcelona y por dos representantes del Ayuntamiento de Barcelona, como continuador del histórico Consejo de Ciento. Como la MIA viene estatutariamente obligada a adoptar los acuerdos por unanimidad, en la práctica, ha sido siempre la Iglesia la más implicada en la gestión del centro, tanto más dado sus fines benéfico-asistenciales.

 

En el año 1990 las cosas cambiaron y, visto lo visto, puede comprobarse que no precisamente a mejor. A pesar de que las previsiones de la carta fundacional establecen que la composición y responsabilidad del máximo órgano de gobierno son inmodificables, la Generalidad compró dos puestos en el mismo, suscribiendo un acuerdo con el Ayuntamiento y el Arzobispado de Barcelona por el que se comprometía a financiar la construcción de un nuevo edificio para el hospital a cambio de tener dos representantes en la MIA.

 

En el año 1991, sin publicidad alguna, se separa la actividad hospitalaria del patrimonio histórico que había adquirido el hospital a través de las donaciones de los ciudadanos con la finalidad de contribuir al cumplimiento de la función asistencial que le es propia a cualquier hospital. A partir de ese momento, la gestión sanitaria pasa a ser ejercida por personas estrechamente vinculadas a la Administración y a los partidos políticos mayoritarios en Cataluña.

 

Los resultados económicos son públicos y conocidos: prácticamente todos los ejercicios de la fundación de gestión (la asistencial) son negativos desde su constitución en el año 1991, y ya en el año 2009 acumula un déficit próximo a los 300 millones de euros, a pesar de que se han ido inyectando fondos públicos en diversas ocasiones; por el contrario, la fundación patrimonial está perfectamente saneada y sus activos se aproximan a los 1.000 millones de euros, siendo una buena parte de los mismos bienes inmuebles adquiridos por donaciones y herencias. Entre esos activos se contabiliza el nuevo edificio, construido y financiado en su totalidad con dinero público y que, de forma sorprendente, ha pasado a ser propiedad de una fundación privada. Los datos están recogidos de los informes de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña. No hay ninguna institución sanitaria en Cataluña con ese patrimonio y, todavía menos, que esté tan y tan bien protegida del riesgo y de la responsabilidad frente a posibles acreedores y tan alejado de los fines para los que fue cedido.

 

El consejero asegura que el problema económico del San Pablo es crónico, y tiene razón; lo que pasa es que el consejero pretende atribuirlo a los trabajadores, los cuales jamás han tenido participación alguna ni en la financiación ni en la gestión del centro. ¿Quién ha financiado la actividad del hospital y quién lo ha gestionado permitiendo que se instale en ese déficit crónico?

 

La financiación de la actividad asistencial del hospital depende, de forma mayoritaria, del contrato con el CatSalut, y las cifras se recogen en los presupuestos anuales de la Generalidad. El presupuesto que se asigna al San Pablo es 140 millones de euros anuales inferior al que recibe el Hospital Clínico, su hospital espejo del otro lado del Ensanche barcelonés, y que realiza prácticamente la misma actividad y con idéntica complejidad. Esa diferencia es superior al presupuesto que pueden recibir cinco o seis hospitales comarcales. A pesar de que los datos son públicos y las diferencias palmarias, el consejero niega vehementemente la insuficiente financiación que se destina al San Pablo.

 

Pues si la financiación es suficiente, ¿será que la gestión ha sido pésima? Habrá que recordar en manos de quién ha estado la gestión. La lista es larga porque los cambios han sido constantes y siempre relacionados a los avatares políticos: consejeros (Laporte, Rius, Pomés...), directores generales (Esperalba, Gutiérrez, Grau, Manté, Prat...), concejales y tenientes de alcalde (Cuervo, Casas, Jaurrieta...), cargos políticos y de confianza (Varela, Sendra, Tort, Mangues, Constante, Iniesta...). Todos ellos más conocidos por su vinculación política que por su experiencia empresarial en el mundo "real", donde no basta con la fidelidad al partido para mantener cargos y retribuciones con carácter vitalicio. Ni que decir tiene que todos los cargos directivos del hospital han sido y son nombrados por su patronato y por su consejo directivo, del que forman y han formado parte todas las personas mencionadas, algunas de las cuales están actualmente involucradas e incluso imputadas en casos de corrupción.

 

A pesar de todas estas evidencias, el consejero asegura que los únicos culpables de la situación del hospital son los trabajadores y asegura también que las denuncias que han presentado no tienen fundamento alguno. La tesis que defiende el consejero, y que repiten fielmente sus colaboradores, es que los trabajadores del San Pablo son insolidarios y no quieren contribuir al esfuerzo colectivo, económico y de actividad, que está haciendo el sector sanitario.

 

Desde hace años, antes de que empezaran los recortes, la dirección del hospital ha incumplido condiciones pactadas en los convenios colectivos; ha aplicado indebidamente normativas reservadas exclusivamente a los empleados públicos; ha omitido obligaciones imperativas en materia de cotización a la Seguridad Social; no ha acatado el contenido de sentencias firmes...

 

Sin negociación ni consenso algunos se han impuesto recortes salariales y de derechos laborales que no tienen comparación posible en todo el sector: decremento salarial superior al 40% que afecta a más del 50% de la plantilla médica del centro, para el resto de facultativos solamente ha sido del 25% al 35%. El personal de enfermería es más afortunado: una merma del 30% del salario. Para tener una idea comparativa con el sector, basta decir que el decremento salarial en el Hospital Clínico, centro indubitadamente público, ha sido aproximadamente del 6% para todo el personal. Lo realmente curioso es que el responsable de tal discordante aplicación es el señor Xavier Pomés, ex consejero de Salud, que ha estado compaginando la presidencia del Hospital de San Pablo con la del Hospital Clínico, además de desempeñar al mismo tiempo otras actividades privadas.

 

También asegura el consejero que el plan de viabilidad previsto para solventar el déficit no puede aplicarse porque los trabajadores no lo permiten. Según la documentación aportada por los responsables del hospital, que presumen de sus excelentes resultados en la corrección de ese déficit, el 88,59% (30 millones y medio de euros) que han conseguido reducir durante el ejercicio 2012, han sido exclusivamente a expensas de disminuir el capítulo de retribuciones y gastos de personal. La plantilla asistencial y sus retribuciones han disminuido, el número de directivos y su coste, no. Los gastos de consultorías, asesorías y gabinetes externos se han incrementado.

 

¿Hay un problema laboral? Pues sí, hay un problema laboral y grave; todo el sector está inmerso en un conflicto laboral de gran calado: reducciones salariales, incumplimientos de convenios, cambios de horarios, incumplimiento de sentencias firmes sobre las retribuciones de guardias, incrementos obligatorios de jornada, reducción de plantillas, engaño y mala fe en las relaciones laborales, ausencia de interlocutores válidos...

 

Ningún respeto personal ni profesional; ninguna preocupación por la tarea ni por la calidad asistencial. Esta coyuntura laboral, ¿tiene relación con los casos de corrupción que invaden el sector? En cierta forma sí; pero el problema laboral es el efecto, no la causa. Para mantener algunos hábitos y un sinfín de puestos directivos, de asesores y cargos de confianza, hay que reducir gastos de personal y los costes vinculados directamente a la actividad.

 

Los rumores sobre irregularidades de todo tipo se han venido difundiendo durante años; a los profesionales de la sanidad nos cuesta dar crédito a ciertas actuaciones en un ámbito tan socialmente sensible. Resulta difícil creer que en una situación crónicamente deficitaria se mantengan retribuciones indebidas y no se evite el despilfarro. A medida que la credibilidad de los gestores ha ido disminuyendo y se ha perdido la poca confianza que aún quedaba en los responsables políticos, todo aquello que se descartaba como imposible, ha pasado a ser percibido como probable. A partir de ese punto, sólo hace falta aplicar el método científico: observación, recogida de datos, verificación y análisis de los resultados.

 

No es fácil y requiere tiempo; pero el mérito no es el descubrimiento de la situación sino conseguir que todos aquellos que la conocen, que suelen ser bastantes, dejen de encubrirla. Como dijo Luther King, lo más preocupante no es la actuación de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética, sino el silencio de los buenos.

 

En la comparecencia del señor Boi Ruiz ante la comisión de investigación parlamentaria sobre sanidad, el diputado autonómico del PP Jordi Roca recordó al consejero que los hospitales vinculados a la Iglesia, como el de San Pablo, habían sobrevivido a momentos dramáticos dada su confesionalidad religiosa: la Semana Trágica, la II República, la Guerra Civil... y concluyó su intervención manifestándole sus dudas sobre la posibilidad de que, a pesar de esos antecedentes, lograra sobrevivir a su gestión.

 

Creo que el comentario del parlamentario era más una crítica que una duda. Yo no lo dudo: el Hospital de San Pablo, como institución, saldrá fortalecida de esta crisis; los ciudadanos de Cataluña seguirán estando orgullosos del hospital que ha sido el referente de la sanidad catalana en España y en el mundo, y que lo era ya antes de que se inventara ese "modelo catalán". Este hospital se ha enfrentado a situaciones muy difíciles a lo largo de su dilatada historia, y siempre las ha vencido gracias al respaldo de la sociedad civil. No será este Gobierno autonómico, que según dice el presidente autonómico, Artur Mas, es el de los mejores, el que acabe con él.