13-07-2009 | C's

'Los nacionalistas del oasis quieren una norma que erradique el castellano de las instituciones y con ello los derechos de los castellanohablantes que quieran recibir la información en su lengua.

 

Informábamos aquí el pasado mes de diciembre que el Ayuntamiento de Barcelona iba a elaborar su Reglamento de Usos Lingüísticos. Como Barcelona tiene todos sus problemas resueltos (la limpieza es modélica, la ausencia de ruido es la envidia de todas las ciudades europeas, la delincuencia cero, los transportes públicos suficientes y a precios asequibles para todos, etc) el gobierno municipal se ha puesto manos a la obra –dice- por imperativo de la Ley de Política Lingüística. La comisión encargada de redactar un primer borrador ya lo ha remitido a los grupos municipales y ahora se discutirá en ponencia. En principio, el pacto entre los partidos parece difícil. El PP, a pesar de su tibieza en este tema, ya se ha desmarcado con un texto alternativo y los nacionalistas del oasis, por su parte, quieren un texto que erradique el castellano de las instituciones y con ello los derechos de los castellanohablantes que quieran recibir la información en su lengua, que también es oficial y, pese a quien pese, mayoritaria en Barcelona. Paso a paso, ley a ley, decreto a decreto, reglamento a reglamento, el nacionalismo restringe libertades como lo ha hecho al aprobar la Llei d´Educació de Catalunya que excluye una lengua constitucionalmente oficial para todo el Estado, el español, como lengua de enseñanza. La Constitución Española de 1978 establece el deber de conocer el castellano; los nacionalistas se agarran a la literalidad de la Constitución cuando les interesa y nos dirán que la máxima norma del Estado no establece el deber de enseñarlo.

¿Qué será ese Reglamento? Aplicar el monolingüismo en catalán en todos los ámbitos del Ayuntamiento, algo que de facto ya practica la administración local desde hace años, excepto en notificaciones como las multas de tráfico u otras comunicaciones de la hacienda local, pero muy lejos de ofrecer a los administrados el mismo nivel de información en las dos lenguas. Ahí tenemos, por ejemplo, todas las publicaciones del Ayuntamiento, empezando por la revista que llega todos los domicilios y cuya edición bilingüe hemos reclamado desde C’s (leer). El porcentaje de ejemplares que acaban en las papeleras es equivalente al de títulos en catalán que esperan lectores en la red del consorcio de Bibliotecas de Barcelona como ya denunciamos aquí. Pero quizás esas comunicaciones bilingües desaparecerán con el nuevo Reglamento. Habrá ciudadanos de primera que seguirán recibiendo las comunicaciones en su lengua si ésta es el catalán y ciudadanos de segunda que deberán suplicarlo, como así señala el artículo 5.3: “las comunicaciones y notificaciones dirigidas a personas físicas y jurídicas residentes en el ámbito lingüístico catalán deben hacerse en lengua catalana, sin perjuicio del derecho de los ciudadanos a recibirlas en castellano, si lo solicitan”. El ciudadano debe solicitar, mendigar, que el Ayuntamiento tenga a bien conceder el favor. Lo de ámbito lingüístico catalán vuelve a delatar que el ordenamiento jurídico del que se está dotando Cataluña bebe en las fuentes de lo más reaccionario del pensamiento político de su historia (Prat de la Riba, Torres i Bages,…). Debe ser éste el único rincón de Europa donde J. G. Fichte sigue ideológicamente vivo por culpa de que alguien alguna vez lo leyó de tercera o cuarta mano. O quizás de primera: dicen que Jordi Pujol estudió en una escuela germánica de Barcelona en los años cuarenta del siglo XX y eso le marcó mucho como se vió cuando ejerció de Gran Timonel del principado; cabe preguntarse si es por ello que desde 1980 en Cataluña se ha ido imponiendo ese modelo de escuela que ahora culmina en la LEC: lengua única (incluso en los pasillos o el patio), pensamiento único, contenidos de todas las materias políticamente sesgados y, en fin, todos vigilando a todos en un clima asfixiante para alumnos y profesores.

El débil gobierno en minoría de Jordi Hereu, a quien las encuestas dan perdedor en las próximas elecciones municipales y cuya gestión los ciudadanos están valorando muy negativamente, se ve acorralado –a mitad de legislatura- por los nacionalistas de CiU y ERC que plantean un Reglamento de máximos en el que el castellano desaparezca por completo del consistorio barcelonés y de las relaciones que éste establezca con los administrados. Es una nueva vuelta de tuerca del nacionalismo en su acción política general de acoso y derribo a cuanto pueda ser un lazo con el resto de España y un ejemplo para el resto de Cataluña de lo que hace su capital (para CiU, Barcelona siempre ha sido una espinita electoral). Una vuelta de tuerca previsible que ya anunciábamos aquí el pasado verano. El alcalde Hereu, entre el reglamento radical que le ponen sobre la mesa CiU, ERC y IC-V o la cooficialidad de las dos lenguas, optará por la primera opción y volverá a generar problemas a los ciudadanos como siempre que el ensueño nacionalista interfiere en la realidad de la sociedad. Del PSC no puede esperarse otra cosa desde que en 1984 optó por disputar a CiU espacio nacionalista: ¿es el de Iznájar el Frankestein engendrado en las probetas del laboratorio pujol-maragallista que allanará el camino de un gobierno CiU-ERC que nos devolverá de nuevo al siglo XII?

 

Ciutadans siempre ha apostado por la convivencia de los ciudadanos y el respeto a sus derechos y libertades: tal debe ser la norma y la práctica por parte de los poderes públicos. Nos opondremos a cualquier normativa que establezca limitaciones en el uso de una lengua oficial. Asimismo reivindicamos que el Ayuntamiento adopte siempre el bilingüismo en todas las comunicaciones y en la información que dirija a los sufridos habitantes de Barcelona.