04-08-2008 | Estrella Digital

La coyuntura política es cada vez más grave. Si en lo económico no se justifican, al menos hoy, unos nuevos pactos de la Moncloa, en lo político la embestida nacionalista justifica un gran acuerdo.

Permítame el lector empezar con una referencia personal. Fui militante del PSOE desde 1976 hasta 1994, en que lo abandoné asqueado de un montón de cosas, desde la corrupción hasta los GAL, pasando por la deriva conservadora (especialmente, aunque no sólo, en la política económica, fuerte con los débiles y débil con los fuertes), ausencia de democracia interna y, en definitiva, conciencia de que no estábamos sólo ante la crisis política de un partido trufado por el oportunismo y el ganar poder a toda costa sino, sobre todo, ante una crisis moral.

Transcurridos todos estos años, echo la vista atrás y nunca, ni en mis previsiones más pesimistas, pude suponer que el PSOE llegaría a los niveles de deterioro político y moral como el alcanzado ahora. Puede parecer grotesco, incluso revanchista, afirmar esto de un partido que sigue en el Gobierno y que cuenta, al menos hoy, con el respaldo de la mayoría del país. Para quienes todo lo miden por el éxito electoral, a costa de lo que sea, eso es suficiente. No lo es para quienes piensan, pensamos, que el PSOE, con Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno, está causando daños seguramente irreparables.

Dejemos de lado el tema de la archinegada crisis económica (cuya profundidad y duración va a ser superior a los pronósticos oficiales y que está ya recayendo, diga lo que diga el Gobierno, sobre los más débiles) porque, al fin y al cabo, de ella se saldrá algún día, y centrémonos en temas más permanentes. Concretamente, en la política desarrollada por el Gobierno desde el 2000, basada en alianzas con los partidos nacionalistas, ejemplificada especialmente en el tripartito catalán con el PSC al frente de la manifestación y en el respaldo al Estatut, algo que está demostrando ser, y más lo será en el inmediato futuro (salvo que el Constitucional lo remedie, algo poco probable), una enorme fuente de problemas de todo tipo. Primera prueba de esto es la aprobación, esta pasada semana, por el Gobierno catalán de un nuevo proyecto de ley de enseñanza que, como ha dicho muy acertadamente Antonio Robles, diputado autonómico de Ciudadanos, es una ley para la exclusión, para expulsar el castellano de la escuela catalana. Claramente anticonstitucional y franquista. Mientras, el Gobierno del PSOE, Gobierno de España (como dice ese gracioso estribillo inventado antes de las últimas elecciones), mira para otro lado.

Cuando llegó Maragall, algunos pensamos y dijimos que sería más nacionalista que Pujol. La burguesía ilustrada barcelonesa, el llamado socialismo “caviar”, tenía que buscar su lugar al sol como fuera. Luego han llegado los llamados “capitanes”, los foráneos, con Montilla a la cabeza, y hay que demostrar la pureza de sangre siendo más papistas que el Papa. La Declaración de Principios aprobada en el reciente congreso del PSC proclama a Catalunya “una nación con un territorio, una lengua, una cultura y una historia propias que configuran una comunidad nacional”, y continúa: “Afirmamos que la lucha por el socialismo y por la libertad nacional de Catalunya son objetos inseparables de nuestro proyecto”. Lo del “socialismo” es farfolla. Lo de la “libertad nacional” tiene mayor enjundia. Es un paso más en una clara deriva en la que el Estatut es pieza clave.

No es exagerado afirmar que, sin la base de una absurda ley electoral y, sobre todo, sin el apoyo actual del PSOE y el esperable del PP (las recientes convulsiones en este partido responden simplemente a la cuestión de qué hacer con los nacionalistas), estos partidos nacionalistas serían tigres de papel. Sólo la conversión de estos dos partidos en nacionalistas bis o vergonzantes les da oxígeno a los nacionalistas y les permite ser cada vez menos de papel al tener acceso a los crecientes presupuestos autonómicos. Además del caso catalán, tenemos el gallego y el balear y, en el horizonte más inmediato, el vasco, donde no es descartable, tras las elecciones, un Gobierno PSE-PNV que serviría para dar oxígeno al segundo.

El PSOE, que cada vez parece menos un partido nacional y cada vez más una confederación de franquicias, enfrenta un enorme responsabilidad, mayor que el PP por ser el partido de gobierno. La coyuntura política es cada vez más grave. Si en lo económico no se justifican, al menos hoy, unos nuevos pactos de la Moncloa, en lo político la embestida nacionalista y de sus “clones”, sí justifica un acuerdo entre los dos grandes partidos, acuerdo que incluya desde reformas constitucionales rescatando competencias para el anoréxico Estado, hasta una nueva ley electoral más acorde con eso tan democrático de una persona, un voto.