01-04-2026 | Ciudadanos

La formación advierte de posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y fraude y denuncia un uso irregular de la vivienda protegida mientras miles de familias esperan acceso

Ciudadanos ha sido admitido como acusación popular en las diligencias judiciales abiertas en relación con la adjudicación de viviendas de protección pública (VPO) en Alicante, un caso que ha generado una fuerte alarma social por el posible uso irregular de recursos públicos destinados a garantizar el acceso a la vivienda.

La acusación popular de Ciudadanos estará dirigida por los abogados Mamen Peris y Eduardo García-Ontiveros, encargados de la defensa jurídica de la formación en este procedimiento.

La investigación judicial analiza posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude en la gestión de vivienda pública, en un caso que apunta a una posible desnaturalización completa del sistema de protección oficial.

En concreto, una promoción de vivienda protegida en Alicante, con piscina, gimnasio y pistas deportivas, levantada sobre suelo municipal, habría acabado adjudicándose a cargos públicos, técnicos municipales y familiares de altos cargos, incluyendo perfiles con rentas elevadas que no cumplirían los requisitos de acceso.

Todo ello mientras más de 5.400 familias permanecen en lista de espera para acceder a una vivienda pública en la ciudad.

Además, las inspecciones y las informaciones publicadas apuntan a que 46 de las 140 viviendas no tendrían a nadie empadronado y a la existencia de más de una decena de casos en los que varios miembros de una misma familia habrían resultado adjudicatarios, lo que refuerza las sospechas sobre posibles irregularidades en el proceso.

Según la querella presentada, existen indicios de que el procedimiento pudo verse alterado desde su origen, favoreciendo a determinados perfiles mediante el uso de información privilegiada, la posible alteración de las condiciones iniciales del proyecto o la intervención de personas con responsabilidades públicas en beneficio propio o de su entorno.

Desde Ciudadanos subrayan que “este caso no es solo una irregularidad administrativa, sino un posible fraude estructural al sistema de vivienda pública”, y añaden que “cuando la vivienda protegida deja de servir a quienes la necesitan y pasa a beneficiar a redes de privilegio, se rompe la confianza en las instituciones”.

“Estamos hablando de suelo público y de un recurso limitado que debe gestionarse con absoluta transparencia. Si se confirma que ha habido trato de favor o aprovechamiento de posición, estaremos ante un caso muy grave que exige responsabilidades”, señalan.

La formación insiste en que su personación responde a un compromiso firme con la defensa del interés general y la lucha contra la corrupción. En este sentido, recuerdan que Ciudadanos ya está personado en otras causas de relevancia nacional, como el caso Koldo y Ábalos o la investigación judicial relacionada con la gestión de la DANA en Valencia, “porque creemos que la defensa de la legalidad y de lo público debe ser coherente y sin excepciones”.

 

Ciudadanos continuará impulsando todas las actuaciones necesarias en sede judicial para el completo esclarecimiento de los hechos y para garantizar que la vivienda pública vuelva a cumplir su verdadera función social.