Opinión

Diálogo, política y democracia

11-11-2015 | ABC

La solución no es romper España, sino reformarla y los catalanes podemos y debemos ser partícipes

 

Hace doscientos años se promulgó en Cádiz por primera vez una Constitución que defendía que los españoles no éramos súbditos sino ciudadanos libres e iguales. Con todos los matices que la distancia temporal impone, fue la semilla que determinó que los gobernantes debían respetar las leyes democráticas y la justicia como cualquier otro ciudadano.

 

Tras vivir algunas de las páginas más negras de nuestra historia, en la transición los españoles volvimos a poner por delante lo que nos une y comenzamos la mayor etapa de paz y democracia de nuestra historia. Sin embargo, hoy en Cataluña nos hallamos ante un gran desafío: una declaración que atribuye a los gobernantes la capacidad de elegir las leyes que quieren cumplir y los tribunales que les pueden juzgar.

 

Por suerte, los que proponen tal cosa se han equivocado de siglo y de lugar. Porque en el siglo XXI y en la Unión Europea no caben las llamadas a la desobediencia ni la democracia y la justicia selectiva.

 

Al frente de todo esto, encontramos un hombre en una situación personal y política muy complicada que busca desesperado una salida. Un Presidente que está solo: no tiene el aval de sus socios políticos ni de sus propios Consellers; no tiene una mayoría social, ni parlamentaria pero, sobre todo, no tiene razón y lo sabe. Es evidente que este país necesita afrontar grandes problemas, entre ellos, la corrupción, el mal funcionamiento de las instituciones y servicios públicos, y unas tasas de pobreza, de desigualdad y de paro que son impropios de un país de la Unión Europea.

 

Pero la solución no es romper España, sino reformarla y los catalanes podemos y debemos ser partícipes. Mientras otros apuestan por la ruptura, en Ciudadanos sabemos que para reconducir esta situación disponemos de una receta nada fácil pero efectiva que ya nos ha servido muchas otras veces: diálogo, política y respeto a la ley democrática.

 

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