28-12-2023 | El Confidencial

El 1 de enero de 2024 volverán a aplicarse las reglas fiscales. Por eso, es imprescindible que aprobemos su reforma cuanto antes.

Desde que adoptamos la moneda común, en enero de 2002, la coordinación fiscal en el seno de la Unión Europea se volvió imprescindible: las decisiones de política fiscal de un Estado miembro afectan irremediablemente al resto.

 

Con este fin, se había acordado en la última década del siglo XX el llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que impulsó los programas de disciplina fiscal durante la crisis de 2008. Como se vio entonces, estas reglas causaron efectos procíclicos indeseados: promovían recortes en medio de una recesión. Su reforma era necesaria.

 

La Comisión europea presentó en abril de este año su propuesta. El objetivo era claro: garantizar políticas fiscales anticíclicas para ahorrar en tiempos de bonanza económica y así poder gastar en tiempos difíciles. Para eso se establecían planes a medio plazo y objetivos realizables, a la vez que se trataba de permitir cierto margen para inversiones públicas. En resumen, se quería aprender de las lecciones de la pasada crisis.

 

La pandemia del covid-19 sumió a la UE en una crisis sin precedentes y provocó la activación de la cláusula de escape de las reglas fiscales, que suspendía su aplicación. La suspensión se prorrogó por la invasión rusa de Ucrania y el efecto que la guerra tuvo en nuestras economías. Pero todo esto acaba en 2023. El 1 de enero de 2024 volverán a aplicarse las reglas fiscales. Por eso es imprescindible que aprobemos su reforma cuanto antes.

 

Las posiciones de partida son de sobra conocidas, con Francia y Alemania defendiendo prioridades encontradas: para París, la necesidad de espacio para inversiones; para Berlín, la importancia de una reducción efectiva de la deuda y del déficit. Finalmente, el Consejo consiguió acordar su posición el miércoles 20 de diciembre, y el Parlamento —a falta de su ratificación por el pleno en enero— aprobó la suya el pasado 11 de diciembre en el seno de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.

 

Los puntos comunes entre Parlamento y Consejo son numerosos. En primer lugar, se busca la flexibilización y simplificación de los planes de ajuste que, a partir de ahora, se van a basar en un único indicador: la trayectoria de gasto neta, es decir, ingresos menos (algunos) gastos. Además, en vez de los planes anuales que teníamos hasta ahora, los nuevos planes tendrán una duración de cuatro años, prolongables tres años más si se llevan a cabo reformas e inversiones que cumplan una serie de objetivos (favorecer el crecimiento, abordar las prioridades de la Unión...).

 

Estas reformas e inversiones son claves para mejorar la competitividad de Europa, progresar en nuestra autonomía estratégica y promover la transición verde y digital. Por eso, una de las prioridades del Parlamento es la necesidad de identificar lagunas o déficits de inversión en los Estados miembros, por ejemplo, en defensa e innovación. Y es que las inversiones son un elemento central de la reforma de las reglas fiscales. Europa necesita inversión y, a falta de una capacidad fiscal europea, esta reforma trata de dar un impulso fiscal a la inversión, aunque sea solo a la inversión nacional. Este es uno de los grandes problemas que seguiremos teniendo en la UE: para tener un Silicon Valley europeo, necesitamos inversiones transfronterizas y a nivel de la UE.

 

La flexibilidad y las inversiones son importantes, pero esto no puede ser un cheque en blanco. Necesitamos un equilibrio. De manera que, finalmente, se han incluido en el texto una serie de salvaguardas cuantitativas. En especial, la reducción efectiva de la deuda pública: una media anual del 1% del PIB para las deudas superiores al 90% y del 0,5% para las deudas comprendidas entre 60% y 90% del PIB. Además, la posición del Consejo incluye salvaguardas adicionales, a petición de Alemania, como la intención de reducir el déficit por debajo del objetivo del 3% para habilitar un margen de maniobra presupuestario.

 

Asimismo, la reforma intenta que sean los Gobiernos los que tomen las riendas de sus propios planes de ajuste, beneficiándose de su conocimiento sobre su capacidad de gasto y de ajuste y dándoles, al mismo tiempo, más margen de maniobra. Pero, de nuevo, son necesarios contrapesos efectivos. Y aquí, las entidades fiscales independientes, como la AIReF en España, juegan un papel esencial. Esta ha sido otra de nuestras grandes prioridades en el Parlamento.

 

Las entidades fiscales independientes realizan una labor indispensable para la rendición de cuentas y la despolitización de las proyecciones macroeconómicas. Pero el Consejo, a propuesta de la presidencia española, pretende diluir su papel, incluso con respecto al mínimo rol que le otorgaba la propuesta original de la Comisión. En cualquier caso, no nos extraña. La AIReF ha contradicho en numerosas ocasiones las previsiones demasiado optimistas del Gobierno.

 

Y esa es precisamente su labor, aportar datos fiables que incentiven la responsabilidad fiscal de los Ejecutivos. Por eso, desde el Parlamento, presionaremos en las negociaciones para reforzar su papel. También defenderemos un mayor cometido para el Parlamento europeo, que debe realizar una importante labor de escrutinio en aras de la transparencia.

 

Si todo va bien, las negociaciones entre el Consejo y el Parlamento comenzarán en enero. En una carrera contrarreloj, los colegisladores tendrán un plazo de cerca de un mes para acordar el texto definitivo; el Parlamento debe poder ratificarlo antes de que cese su actividad por la convocatoria de las elecciones europeas. Aun existiendo diferencias entre las posiciones de ambas instituciones, estas no parecen irreconciliables. Trabajaremos arduamente para conseguirlo. Volver a las antiguas normas sería una debacle que ni Europa, ni España se pueden permitir.

 

Lee la tribuna de Eva Poptcheva en El Confidencial.