02-02-2024 | El Español

El Gobierno yerra al actuar sin consensos amplios y con un único instrumento de política económica: la subida indiscriminada del SMI.

Nuevo año, nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El Gobierno ha hecho de esta política una de sus banderas, con el fin de situarlo en el 60% del salario medio del país, según se recomienda en la Carta Social Europea. El objetivo es reducir la precariedad laboral y la tasa de riesgo de pobreza, capítulos en los que, por desgracia, seguimos ocupando malas posiciones en la comparativa europea.

Sin embargo, por loables que sean las intenciones, el efecto de las políticas debe medirse por sus resultados. Esta subida del SMI, que no ha sido fruto del diálogo social y es otro paso en la política de decretazos del Gobierno, puede tener efectos discutibles, como hemos podido observar en subidas anteriores. Y es que los problemas de nuestro mercado laboral no radican exclusivamente en la precariedad.

Sabemos que ese mercado sigue teniendo una elevada tasa de temporalidad y que perjudica especialmente a los llamados outsiders, aquellos que encadenan contratos temporales o no consiguen trabajo. Estos últimos son, por ejemplo, jóvenes o personas que no han logrado firmar un contrato indefinido. Y son más de los que el Ministerio de Trabajo quiere reconocer, puesto que seguimos teniendo la tasa de paro más elevada de la UE y la cuarta tasa de empleo más baja.

Un estudio reciente de BBVA Research sobre la subida de inicios de 2023 indica que beneficia a aquellos trabajadores que conservan su empleo y mantienen el número de horas trabajadas. Sin embargo, puede añadir presión sobre el crecimiento de los precios y tener efectos negativos en aquellas comunidades autónomas y sectores donde el SMI está por encima del 60% del salario medio.

Un rápido vistazo al mapa de nuestro país nos muestra una gran desigualdad salarial. Los 15.876 euros brutos que supondrá el SMI con esta subida equivalen a menos del 50% de los 31.064 euros brutos del salario medio del País Vasco, y algo más de esa cantidad para los 29.513 de Madrid.

Sin embargo, suponen casi el 75% de los 21.393 euros brutos de Extremadura y más del 70% en Canarias (con 22.466). Si miramos la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE en 2021, vemos que el SMI ya superaría, efectivamente, el 60% en todas las comunidades excepto las dos ya mencionadas, además de Navarra y Cataluña.

Esto implica un problema: la aproximación del SMI a los salarios reales puede perjudicar severamente a las pymes, columna vertebral de la economía y especialmente sensibles a medidas de este tipo. Las subidas nos han llevado a tener el séptimo SMI más alto de la Eurozona, y el que más ha crecido, en términos comparados, desde 2018.

Pero no podemos sostener políticas de convergencia europea sin reformas que, efectivamente, nos lleven a acercarnos a los países de nuestro entorno.

El mercado laboral necesita una reforma seria que el Gobierno no está dispuesto a acometer, ya que tendría que estar acompañada de medidas mucho más valientes y profundas que una mera subida del SMI.

Una reforma seria requierefortalecer las políticas activas de empleo y los modelos duales de formación para ajustar oferta y demanda. Seguir reduciendo la temporalidad y caminar hacia un modelo más flexible, pero que garantice la seguridad de los trabajadores, como el que siempre ha propuesto Ciudadanos. Reducir trabas administrativas y aprovechar las oportunidades en materia de formación que brindan los Fondos europeos como los Next Generation EU.

Y requiere afrontar el lastre de la baja productividad: los últimos datos de la OCDE y el INE muestran que seguimos a la cola en todos los medidores, desde productividad en el trabajo hasta la productividad total de los factores. Esta última se ha visto reducida en España un 7,3% entre los años 2000 y 2022, mientras que en países como Alemania ha aumentado un 11,8% en el mismo periodo.

Una idea sencilla y eficaz, por ejemplo, sería llevar a cabo subidas del SMI ajustadas por territorios o por grupos de edad, dada la situación de precariedad de los jóvenes, precariedad que sufre aún más con las políticas gubernamentales en materia de vivienda o pensiones. Claro, el titular no sería tan llamativo como el de una subida generalizada del SMI: el Gobierno prefiere optar por el efectismo antes que por la eficacia.

La reforma necesaria requiere, en definitiva, políticas que el Gobierno no puede aplicar, bien por su alergia al reformismo o por la imposibilidad de sacarlas adelante con unos socios que no buscan lo mejor para todos los españoles. Y lo que tenemos que hacer es recuperar una agenda que alinee el crecimiento económico, la productividad y la convergencia con el resto de la Eurozona. Es la única manera de lograr riqueza y prosperidad. En definitiva, la posibilidad de redistribuir para los más necesitados.

Legislar de cara a la galería y a fuerza de reales decretos es sencillo. Lo complicado es sentarse con quien piensa diferente y trazar una agenda de crecimiento, reducción de desigualdades y políticas negociadas que sirva de base para que España deje de liderar indicadores negativos en economía. Las últimas proyecciones de la OCDE nos dejan como el país de la UE cuyo PIB crecerá menos en los próximos 20 años.

Actuar unilateralmente y con un único instrumento de política económica, en lugar de entendiendo su complejidad, nos condena a ser menos prósperos y menos capaces de ofrecer una igualdad de oportunidades amplia para todos los ciudadanos. Hay que cambiar. No perdamos el tiempo.

 

Lee la tribuna completa de Eva Poptcheva en El Español.