Ciudadanos exige la retirada de la propuesta de condonación de 83.000 millones de deuda de las Comunidades Autónomas (CCAA) y que se aborde, de una vez por todas, el proceso de reforma del Sistema de Financiación Autonómico (SFA).
El origen de la propuesta no es otro si no la negociación enmarcada en el pacto de investidura del actual Gobierno de España. Lejos de ser una medida que responda a un análisis técnico para mejorar las cuentas públicas del Estado, se trata de una imposición de un partido, ERC, para que otro, el PSOE de Sánchez, logre mantenerse en el poder.
Se pone de manifiesto el problema que expertos independientes señalan sobre el sistema de financiación autonómica, que es la ausencia de corresponsabilidad fiscal de las administraciones entre gastos e ingresos. Endeudarse es una decisión, una responsabilidad y una carga, pero la Administración General del Estado deja sin efectos esa decisión de forma arbitraria y unidireccional, trasladando un peligroso mensaje a las CCAA y, en general, a la población.
El mencionado acuerdo de investidura mezcla dos conceptos que nunca se deberían abordar juntos: deuda e infrafinanciación. La infrafinanciación de las CCAA podría llegar a admitirse, sujeta a limitaciones presupuestarias de un Estado altamente endeudado, pero, siendo la deuda el resultado de una clara mala eficiencia en la gestión, política presupuestaria y problemas del SFA, es inaceptable el criterio de nivelación de la reducción de la deuda en un 19,3%. Es significativo que la CCAA con mayor endeudamiento en términos absolutos sea Cataluña, siendo la tercera en términos relativos por PIB, tras la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, cuando queda lejos de las peores financiadas por habitante ajustado, que son precisamente estas dos.
Asimismo, conviene tener en cuenta los distintos enfoques de financiación: horizontal, entre CCAA, y vertical, entre CCAA y Estado. La infrafinanciación horizontal, por la que una CCAA recibe menos que otra en base a su población ajustada, no justifica por sí sola la quita que se pretende ceder a Cataluña. Por su parte, tomar como referencia la infrafinanciación vertical aplicada en el periodo 2010 a 2013, es un criterio subjetivo que no tiene en cuenta la responsabilidad de las Administraciones Públicas de reducir el gasto cuando, por motivos de crisis económica, se reducen sus ingresos. Significa trasladar todo el problema a la Administración Central, empujándonos a más déficit y más deuda, que nos tocará asumir a todos los ciudadanos.
La ministra de Hacienda, cocinera Montero, ha conjugado en este caso una combinación de criterios a interés del Gobierno para justificar la quita a Cataluña que en realidad pagaremos todos. Para complacer las exigencias de ERC, ha encontrado en Andalucía un “rehén” que pretende dar cierto carácter de verosimilitud o imparcialidad al cálculo, además de conseguir forzar la aprobación de los adversarios o poder criticarlos en caso contrario. De este modo, se focalizan los beneficios en las dos CCAA claves para sostener el voto socialista y en cuyas elecciones se presentará la “cocinera’’ de los datos.
Desde Ciudadanos, exigimos la retirada de la propuesta y que se abra de una vez el proceso de reforma del Sistema de Financiación Autonómico que se debía haber abordado ya en 2017. Exigimos que la reforma se haga con el diálogo de los partidos políticos y bajo criterios técnicos e independientes, garantizando un reparto justo y equitativo para todos los españoles, independientemente del lugar en el que habiten.