En este 6 de diciembre, Día de la Constitución, hacemos un llamamiento a la sociedad española para afrontar un reto crucial: definir de forma clara el reparto competencial entre administraciones, que ha demostrado ser ineficaz y fuente de desigualdades. Por eso, proponemos delimitar de manera definitiva el modelo autonómico actual.
La Constitución Española de 1978 es el pilar fundamental de nuestra democracia. Fue fruto del consenso más amplio en la historia política de España, nacido del esfuerzo colectivo por superar las divisiones y garantizar la estabilidad. Sin embargo, ese consenso se ha roto, y el modelo autonómico, que en su momento sirvió como instrumento de integración, se ha convertido en una vía de desequilibrios y enfrentamientos.
De ninguna manera podemos permitir que la distribución de competencias autonómicas esté dictada por las exigencias nacionalistas a las que se pliegan el PP y el PSOE para alcanzar el poder. Este hecho está facilitando a los extremos políticos su demonización, poniendo en riesgo la democracia liberal, así como la reivindicación de un centralismo absoluto, que en ningún caso es una alternativa viable al principio de subsidiariedad administrativa.
Proponemos la delimitación definitiva del reparto competencial constitucional, que priorice la igualdad entre todos los españoles, vivan donde vivan. Debemos recuperar el espíritu de consenso de 1978 para construir un modelo de Estado fuerte, descentralizado y coherente, donde se limite el ventajismo político y se fomente una administración que anteponga el interés común a los intereses partidistas.
Cuarenta y seis años después, es el momento de acometer las reformas necesarias con el mismo valor y visión que inspiraron nuestra Constitución. Hagámoslo por el futuro de las próximas generaciones, garantizando un modelo que respete la diversidad, pero que nunca sacrifique la igualdad y la unidad de España.